Según el informe, la economía de la Comunitat, al igual que el resto de economías, acusó durante el primer semestre del año un desplome en el conjunto de su actividad. El mayor impacto se produjo durante en el periodo abril-junio, con un desplome de más del 25 % en tasa anual. La especialización productiva -con un mayor peso del turismo, la hostelería, la construcción y ramas manufactureras de bienes de consumo-, al mayor grado de apertura al exterior (en bienes y en turismo), y a una mayor intensidad de autónomos y microempresas en algunas de las ramas del sector servicios, han provocado que el impacto de los shocks de oferta y demanda provocados por la pandemia del COVID-19 haya sido más severo que en otras regiones y en el conjunto de la economía nacional.

La actual crisis ha puesto de relieve la fuerte interdependencia que existe entre los agregados macro-económicos, los agentes económicos y los sectores productivos dentro de nuestro sistema que, además, está abierto al exterior. También se han puesto de manifiesto muchas de las debilidades de la estructura productiva y del tejido empresarial, así como el hecho de que la incertidumbre retrasa toda iniciativa o proyecto prescindible en el corto plazo. Las previsiones contemplan un escenario central para la economía de la Comunitat con una caída del PIB entorno al 12 % en 2020, y una recuperación entorno al 8 % para 2021.

Por todo ello, desde la CEV se insiste en que resulta imperativo redoblar los esfuerzos para impedir que se destruya más tejido productivo y empleo. En este sentido:

  • Se aboga por la prórroga de los ERTEs en todos los sectores. Así lo contempla el III Acuerdo Social en Defensa del Empleo. Las cadenas de valor no sólo son globales, sino que su alcance se despliega más allá de empresas y sectores concretos.
  • Las previsiones que sustentaron los calendarios para los préstamos ICO han quedado desfasadas, y el desplome de la actividad y el retraso de la recuperación siguen mermando la tesorería de empresas y autónomos. Por ello debe ampliarse el periodo de carencia de 1 a 2 años y el periodo total de los préstamos de 5 a 7 años.
  • Los nuevos presupuestos públicos no deben incluir un aumento de la presión fiscal. La economía real requiere de una política fiscal que apoye a los agentes económicos y que incentive la productividad y la competitividad.
  • El Plan Next Generation EU debe programarse y ejecutarse con criterio y agilidad, ya que va suponer un gran apoyo para la recuperación y la modernización de nuestra economía. Para ello resulta imprescindible modificar la Ley de Contratos del Estado, con el fin de adecuar sus plazos a los requisitos en la gestión de los fondos europeos.

Descargue el Informe completo pulsando aquí.

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