Han transcurrido algo más de tres meses desde que Reino Unido y la UE comenzasen las negociaciones para tratar de alcanzar un acuerdo sobre los términos que regirán su futura relación y apenas se han producido avances. No cabe duda de que la COVID-19 ha propiciado un cambio de prioridades políticas de ambas partes y que la gestión de la pandemia y de sus consecuencias económicas se han situado como prioridad.

La Oficina Nacional de Estadística británica hacía público hace unos días una caída del PIB británico del 20,4% en abril, la mayor desde que existen registros, y que estaría en línea con las previsiones del Banco de Inglaterra, que en su informe de política monetaria de mayo estimaba una caída de hasta el 30% del PIB en el segundo trimestre. Las previsiones para el conjunto del año apuntan una caída del PIB del 14% en 2020, pasando a un crecimiento del 15% en 2021, en un escenario de levantamiento progresivo de las medidas de distanciamiento social entre junio y finales del tercer trimestre de 2020 y el mantenimiento de medidas de apoyo a los trabajadores suspendidos durante dicho período.

Por su parte, las previsiones publicadas por la OCDE en el mes de junio estiman la caída del PIB británico en 2020 en el 11,5% (-14% en caso de un rebrote), situando a Reino Unido entre las cuatro economías más afectadas a nivel mundial.

Algo más optimistas son las previsiones publicadas por KPMG UK en su “Economic Outlook” de junio, donde se estima que la caída del PIB británico se situaría entre el 5,9% y el 7,2% en 2020, en función de la fecha de disponibilidad de una vacuna. Sin embargo, la recuperación que apunta el informe para 2021 sería más reducida, previéndose un crecimiento del PIB que se situaría entre el 0,9% y el 5,4%.

Y dentro de este panorama de fuerte impacto económico de la pandemia y de gran incertidumbre sobre la evolución de la misma, las negociaciones para la futura relación entre Reino Unido y la UE parecen haber pasado a un segundo plano, con unas agendas políticas que en el caso europeo vienen marcadas por otras prioridades como la negociación del reparto de ayudas para hacer frente al Covid y, en el caso británico, sobre las medidas a adoptar para hacer frente a la pandemia y el proceso de desescalada.

Sin embargo, el tiempo transcurre y parece ya decidido que no se producirá una ampliación del período transitorio, a tenor de lo declarado por Michael Gove, ministro del Gabinete de Reino Unido, durante la reunión del EU-UK Joint Committee celebrada el pasado 13 de junio, en la que debía valorarse el avance de las negociaciones y, en su caso, presentar una petición formal por parte de Reino Unido para ampliar el período transitorio.

La UE mantiene como condiciones para alcanzar un acuerdo sobre la futura relación, la consecución de un acuerdo en materia pesquera, el compromiso británico a mantener una competencia leal en materia medioambiental, laboral y de ayudas de estado y la definición de un marco de gobernanza del acuerdo.

Reino Unido, por su parte, considera la posición europea en materia de pesca y requerimientos de competencia como una intromisión en cuestiones de soberanía nacional, planteando una negociación anual en materia de pesca y subrayando el alto nivel de los estándares británicos, más exigentes en muchos casos que la media europea.

Ambas partes han manifestado su intención de acelerar las negociaciones durante el mes de julio y centrarse en los elementos más controvertidos, como los relativos a la competencia leal. Igualmente, han acordado acelerar la implementación del Acuerdo de Salida, fundamentalmente en lo relativo al protocolo de Irlanda.

De lo que no hay duda es de que incluso aunque se alcance un acuerdo, los agentes económicos deberán prepararse para la implementación de formalidades aduaneras a partir del próximo 1 de enero que, con toda probabilidad, van a suponer retrasos en las entregas y un aumento de costes para las empresas.

Ante esta perspectiva y, con el objetivo de minimizar en lo posible la disrupción sobre los intercambios de mercancías y tratar de garantizar el abastecimiento en el mercado británico, el Gobierno británico ha anunciado, unilateralmente, que la introducción de controles fronterizos en Reino Unido para los bienes procedentes de la UE, se producirá por etapas durante un período de seis meses, ampliando así el tiempo de los agentes económicos para prepararse.

La primera etapa comenzará en enero de 2021 y, durante la misma, los importadores en Reino Unido dispondrán de un plazo de hasta seis meses para cumplimentar las declaraciones aduaneras y efectuar el eventual pago de aranceles. No obstante, durante esta etapa, algunos productos como el tabaco, los productos químicos tóxicos o los animales vivos se enfrentarán a controles específicos. A partir de abril de 2021 dará comienzo la segunda etapa, en la que todos los productos de origen animal y plantas y productos vegetales regulados requerirán una notificación previa y la documentación sanitaria o fitosanitaria pertinente. Finalmente, a partir de julio de 2021 se implementará la tercera y última etapa, con la introducción de los controles fronterizos habituales y el pago de la deuda aduanera en el punto de importación.

En definitiva, parece existir un mayor optimismo sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo, aunque sea de mínimos, evitando aranceles en los intercambios de bienes, al haber pasado la negociación a una clave política, que podría dejar abierta la puerta a una negociación posterior de los detalles del acuerdo. No olvidemos, además, la presidencia alemana del Consejo Europeo en el segundo semestre de 2020, que tiene intención de dar máxima prioridad al tema Brexit en otoño y cuenta con el pragmatismo de la Canciller Angela Merkel para evitar un “no acuerdo”, que sería muy negativo para su industria, muy orientada a las exportaciones.

Desde AEC estamos elaborando un informe con los datos de nuestros sector en el que analizamos el impacto que el BREXIT va ha generar al sector del calzado y los componentes para el calzado. Entendiendo que la situación va a endurecer las relaciones comerciales incrementando la barreras de entrada a la exportación del calzado español y por consiguiente debilitando nuestra balanza comercial.

A tenor de esta situación, AEC está manteniendo reuniones con la Dirección General de Internacionalización de la Generalitat Valenciana y el ICEX para poder abordar un plan de promoción que permita evitar y recuperar al sector del calzado y de los componentes para el calzado la cuota de mercado perdida.