LINEAS DE AVALES ICO CONTRA EL CORONAVIRUS
El Gobierno avalará el 80% de los créditos a empresas, pymes y autónomos afectados por el coronavirus.
La primera línea de avales que lanza el Ejecutivo, de 20.000 millones, tendrá efectos retroactivos desde el 18 de marzo.
El Consejo de Ministros ha aprobado el primer tramo de la línea de avales de 100.000 millones para empresas en problemas provocados por el coronavirus. Con este primer paquete por valor de 20.000 millones, garantizará hasta el 80% de los préstamos que soliciten las empresas y autónomos a los bancos para afrontar el pago de salarios, circulante, facturas, necesidades de liquidez, incluyendo las derivadas de vencimientos de préstamos o impuestos, según ha explicado la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Costes de los avales
“Se ha empezado por estos 20.000 millones, y cuando se agote esta primera línea, entrarán en acción las demás de forma automática. Queremos observar cómo funciona lo que hoy hemos aprobado por si hay que hacer ajustes”, ha explicado la ministra de Hacienda. El Gobierno cobrará a los bancos por usar el aval entre el 0,20% y el 1,20%, dependiendo del tipo de empresa, el importe y el plazo del préstamo; es decir, cuanto más largo sea el plazo del préstamo, más alto será el coste del aval. En principio no se han asignado cuotas a cada entidad, por lo que podrán usar las garantías a demanda hasta que se acaben, momento en el que el Gobierno ampliará su importe, según fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos.
Sin embargo, como ha explicado Montero, “el Gobierno no ha determinado ningún tipo de criterio sobre los tipos de interés”. Es decir, no ha fijado el tipo de interés que los bancos cobrarán a sus clientes, una decisión que dependerá de la política comercial de cada entidad. Montero sí que ha señalado que el problema “no tiene que ver tanto con los intereses, o sea, el precio, que se ha mantenido bajo en los últimos años, sino por la necesidad de avalar el riesgo, que permita que las entidades tengan un colchón de seguridad”. Y así sigan concediendo el crédito.
Pero en cualquier caso se obliga a las entidades financieras a que “se comprometan a mantener los costes de los nuevos préstamos y de las renovaciones que se beneficien de estos avales en línea con los costes aplicados antes del inicio de la crisis de la Covid-19″, según se explica en un comunicado de Economía. Y añade: Los bancos «también asumen el compromiso de mantener, al menos hasta el 30 de septiembre de 2020, los límites de las líneas de circulante concedidas a todos los clientes y, en particular, a aquellos clientes cuyos préstamos resulten avalados”.
Cinco años de plazo máximo de la garantía
El aval emitido tendrá una vigencia igual al plazo del préstamo concedido, con un máximo de cinco años. Las empresas y autónomos interesados “podrán solicitar la garantía para sus operaciones hasta el 30 de septiembre de 2020. Para ello, deberán dirigirse a las entidades financieras con las que el ICO haya suscrito los correspondientes acuerdos de colaboración”, indica el Gobierno.
De todas formas, esta línea “será gestionada por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), en colaboración con las entidades financieras”, dice la nota, lo que supone que será esta institución la que controle los precios de los créditos. La medida aprobada este martes tiene efectos retroactivos para operaciones firmadas desde el pasado 18 de marzo, cuando se aprobó la línea.
En el comunicado de la AEB, los bancos dijeron ofrecer “su total cooperación a las autoridades para poner en marcha las iniciativas dirigidas a paliar los efectos del coronavirus. Hasta el momento han puesto a disposición de autónomos, pymes y empresas más de 60.000 millones de euros”.
José María Roldán, presidente de la AEB, añadía que “ninguna empresa española solvente debe tener problemas de liquidez ni de financiación. Los bancos, con la ayuda del programa de avales públicos, están aquí para garantizar la supervivencia de las empresas y autónomos afectados por esta crisis sanitaria. Queremos y podemos hacerlo”. Las medidas del Gobierno anunciadas aumentan el margen de maniobra de las entidades para acompañar a los ciudadanos y empresas en estos momentos tan difíciles y evitar que la situación actual de parálisis se convierta en un problema estructural, concluía la Asociación Española de Banca.
Por otro lado, la ministra Montero ha desmentido de forma muy contundente que el Gobierno esté barajando una rebaja del sueldo de los funcionarios para hacer frente las necesidades presupuestarias que va a requerir la crisis. “Este tipo de noticias va contra la gestión de esta situación”, ha añadido la responsable de Hacienda.
Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir!