El Gobierno da a conocer el Anteproyecto de Ley de Residuos para impulsar una economía circular, mejorar la gestión de residuos en España y luchar contra la contaminación, que afecta especialmente a textiles y plásticos

● La propuesta normativa recoge por primera vez en la legislación española limitaciones a los plásticos de un solo uso, e incluye también restricciones a su introducción en el mercado y obligaciones de información al consumidor. Complementariamente y para reducir los envases de plástico de un solo uso se establece un impuesto sobre los mismos.
● El texto fija objetivos ambiciosos de preparación para la reutilización y reciclado de residuos municipales y también para la recogida separada de botellas de plástico a partir de 2025.
● Refuerza el orden de prioridad en las opciones de gestión de residuos para que la eliminación en vertedero sea la última opción, obligando a las administraciones a adoptar instrumentos económicos y otras medidas incentivadoras.
​ ● Tras esta primera lectura en Consejo de Ministros, el Anteproyecto de Ley inicia el trámite de información pública, así como los restantes trámites y consultas preceptivas.

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/020620-enlace-proyecto.aspx

El Consejo de Ministros ha dado luz verde esta semana en primera vuelta el Anteproyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados, que comienza ahora su tramitación.

Con el fin de impulsar una economía circular y baja en carbono en España, este texto revisa la actual normativa de residuos y suelos contaminados para cumplir con los nuevos objetivos establecidos en las directivas comunitarias del Paquete de Economía Circular, así como con los derivados de la directiva de plásticos de un solo uso. Tras esta primera aprobación por parte del Consejo de Ministros, el anteproyecto de Ley inicia el trámite de información pública, así como los restantes procesos de consulta y participación preceptivos.

El texto persigue dos objetivos fundamentales: uno general de establecer medidas destinadas a proteger el medio ambiente y la salud humana, mediante la prevención y reducción de la generación de residuos y de sus impactos adversos en el medio ambiente, y mediante la reducción del impacto global del uso de los recursos y la mejora de su eficiencia; y otro específico, aplicable a determinados productos de plástico para prevenir y reducir su impacto en el medio ambiente, en particular el medio acuático, y en la salud humana.

LIMITACIONES A LOS PLÁSTICOS DE UN SOLO USO
Para ayudar a este fin, el anteproyecto traspone los objetivos contemplados tanto en la directiva de residuos de 2018 como en la de plásticos de un solo uso. En relación a estos últimos, por primera vez la legislación española, recoge limitaciones a determinados plásticos de un solo uso, restringiendo la introducción en el mercado de alguno de ellos y estableciendo un impuesto para avanzar en la reducción de los envases de plástico no reutilizables.

Esta nueva figura tributaria responde a las recomendaciones realizadas por la Comisión Europea, que en numerosos informes ha señalado que España cuenta con margen de actuación en materia de fiscalidad verde. De hecho, según datos de 2017, España tiene el quinto porcentaje más bajo de ingresos medioambientales respecto al PIB de la UE. En concreto, los ingresos derivados de la fiscalidad verde supusieron apenas el 1,83% del PIB, frente a una media de la UE del 2,40% en 2017.

El impuesto especial a los envases de plástico no reutilizable será de carácter indirecto y recaerá sobre la fabricación, importación o adquisición intracomunitaria de envases de plástico no reutilizables que vayan a ser objeto de utilización en el mercado español. Se trata de un impuesto similar al que se pretende implantar en otros países de nuestro entorno como Reino Unido o Italia.

El tipo impositivo será de 0,45 euros por kilogramo de envase. Conforme a la información correspondiente al último año disponible (2017) sobre la cantidad de envases de plástico que España puso en el mercado, se estima una recaudación de cerca de 724 millones de euros.

Entre los productos de plástico de un solo uso sujetos a reducción están los vasos para bebidas, incluidos sus tapas y tapones y los recipientes para alimentos, tales como cajas, con o sin tapa, utilizados con el fin de contener alimentos que están destinados al consumo inmediato, in situ o para llevar; normalmente se consumen en el propio recipiente, o están listos para el consumo sin ninguna otra preparación posterior, como cocinar, hervir o calentar, incluidos los recipientes para alimentos utilizados para comida rápida u otros alimentos listos para su consumo inmediato.

Para estos productos se ha de conseguir en 2026 una reducción del 50% en su comercialización, con respecto a 2022; y en 2030, esa reducción debe ser del 70%, también con respecto a 2022. Para cumplir con estos objetivos, todos los agentes implicados en la comercialización fomentarán el uso de alternativas reutilizables o de otro material no plástico.

En cualquier caso, a partir del 1 de enero de 2023, queda prohibida su distribución gratuita, debiéndose cobrar un precio por cada uno de los productos de plástico que se entregue al consumidor, diferenciándolo en el ticket de venta.

LÍMITES A LA COMERCIALIZACIÓN
Según el texto del Anteproyecto, a partir del 3 de julio de 2021, quedaría prohibida la introducción en el mercado de los siguientes productos: bastoncillos de algodón, excepto si entran en el ámbito de los productos sanitarios; cubiertos (tenedores, cuchillos, cucharas, palillos); platos; pajitas y agitadores de bebidas; palitos destinados a sujetar e ir unidos a globos, con excepción de los globos para usos y aplicaciones industriales y profesionales que no se distribuyen a los consumidores, incluidos los mecanismos de esos palitos; los recipientes y vasos para alimentos y bebidas hechos de poliestireno expandido, incluidos sus tapas y tapones.

Asimismo se prohíbe cualquier producto de plástico fabricado con plástico oxodegradable y el uso de cosméticos y detergentes que contengan microplásticos añadidos intencionadamente.

Además, el anteproyecto recoge requisitos de diseño (por ejemplo, tapas y tapones que permanezcan unidos al recipiente o botellas PET con un 25-30% de plástico reciclado) y obligación de marcado para una serie de productos, así como medidas de concienciación para informar a los consumidores con el fin de reducir el abandono de basura dispersa.

En relación a las botellas de plástico se regulan objetivos de recogida separada en dos horizontes temporales: en 2025 se deben recoger separadamente el 77% en peso respecto al introducido en el mercado, aumentando al 90% en 2029.

PREVENCIÓN EN LA GENERACIÓN DE RESIDUOS
Con la finalidad de romper el vínculo entre el crecimiento económico y los impactos sobre la salud humana y el medio ambiente asociados a la generación de residuos, la norma da un papel protagonista a las medidas de prevención en la política de residuos, mediante la inclusión de objetivos concretos y cuantificables. El calendario para reducir el peso de los residuos producidos, que se añade al vigente del 10% en 2020, es el siguiente: en 2025, un 13%, y en 2030, un 15%, en todos los casos respecto a los generados en 2010.

DESPERDICIO ALIMENTARIO
Asimismo, y para luchar contra el desperdicio alimentario, la propuesta normativa incluye medidas para reducir los residuos alimentarios, previéndose algunas medidas específicas dirigidas a las industrias alimentarias, las empresas de distribución y de restauración colectiva. Además, se insta a las administraciones competentes a tomar medidas para frenar la generación de basura dispersa en el medio marino como contribución al objetivo de desarrollo sostenible de Naciones Unidas consistente en prevenir y reducir considerablemente la contaminación marina de todo tipo.

Para alargar la vida útil de los productos y combatir la llamada obsolescencia programada, el texto recoge que habrá que fomentar el diseño, la fabricación y el uso de productos que sean eficientes en el uso de recursos, duraderos, reparables, reutilizables y actualizables; y la reutilización de los productos y la implantación de sistemas que promuevan actividades de reparación y reutilización y en particular para los aparatos eléctricos y electrónicos, textiles y muebles, envases y materiales y productos de construcción.

PREFERENCIA POR EL AGUA NO ENVASADA
Al objeto de reducir el consumo de envases, las administraciones públicas deberán adoptar las medidas necesarias para reducir el consumo de agua embotellada en sus dependencias, entre otras, mediante el fomento de fuentes de agua potable en condiciones que garanticen la higiene y la seguridad alimentaria, suministrando agua en envases reutilizables, sin perjuicio de que en los centros sanitarios y educativos se permita la comercialización en envases de un solo uso.

En los establecimientos del sector de la hostelería y restauración se tendrá que ofrecer siempre a los consumidores, clientes o usuarios de sus servicios, la posibilidad de consumo de agua no envasada de manera gratuita y complementaria a la oferta del mismo establecimiento siempre que el ayuntamiento o la empresa suministradora del agua garantice que es apta para el consumo humano y que, por lo tanto, presenta las condiciones sanitarias exigibles.

También en el ámbito de la prevención, queda prohibida a partir de 2021 la destrucción de excedentes no vendidos de productos no perecederos, tales como textiles, juguetes, aparatos eléctricos, entre otros, salvo que dichos productos deban destruirse conforme a otra normativa.

REUTILIZACIÓN Y RECICLADO
En cuanto al resto de residuos, el texto marca los objetivos y medidas para fomentar la preparación para la reutilización y el reciclado fijándose un calendario de implantación para nuevas recogidas separadas: biorresiduos, cuyo calendario se adelanta a 31 de diciembre de 2021 para los municipios de más de 5.000 habitantes y a 31 de diciembre de 2023 para el resto; y textiles, aceites de cocina usados y residuos domésticos peligrosos, antes del 31 de diciembre de 2024.

Asimismo fija objetivos más ambiciosos de preparación para la reutilización y reciclado de residuos municipales: en 2025, el 55% respecto de los residuos municipales generados; en 2030, el 60%, y en 2035, el 65%. Y regula la eliminación de los residuos, que deberá llevarse a cabo de manera segura, y en el caso del depósito en vertedero, tras haber sido sometidos los residuos a un tratamiento previo.

IMPULSO A LA ECONOMÍA CIRCULAR
Se trata de gestionar los residuos adecuadamente, pero también de utilizar esos residuos como recursos para generar otros productos o sustancias favoreciendo así el paso de una economía lineal (producir-consumir-tirar) a una circular donde se apuesta por un sistema respetuoso con el medio ambiente y basado en la prevención, la reutilización, reparación y reciclaje. Este modelo permite extender la vida útil de los productos y dotarlos de una segunda vida y la recuperación de materiales.

En este sentido, el anteproyecto de Ley determina claramente cuándo un residuo puede ser empleado de nuevo y establece dos categorías: residuos que son, en realidad, un recurso para volver a fabricar el mismo producto, como el calcín que se obtiene tras triturar los residuos del vidrio y se convierte en un nuevo producto para la industria vidriera; o cuándo se convierte en un subproducto -producto secundario derivado de procesos industriales-, como es el caso de los residuos generados de la industria alimentaria que se emplean para la fabricación de piensos). El texto habilita a las Comunidades Autónomas a aplicarlo en sus territorios, lo que favorecerá la existencia de un mercado o una demanda para dichas sustancias u objetos.

OBLIGACIÓN DE ADOPTAR INSTRUMENTOS ECONÓMICOS E INCENTIVOS
Asimismo, el texto normativo refuerza la jerarquía de residuos o, lo que es lo mismo, el orden de prioridad en las opciones de gestión de residuos: prevención; preparación para la reutilización; reciclado; otro tipo de valorización, incluida la valorización energética, y, como última opción, la eliminación.

Y lo hace instando a adoptar instrumentos económicos y otras medidas incentivadoras por parte de las administraciones. Entre los incentivos figura que las administraciones públicas se encuentran los cánones sobre el depósito en vertedero o la incineración, la promoción de los sistemas de pago por generación y el uso, en el marco de contratación, de las compras públicas para impulsar el uso de productos reutilizables y reparables y de materiales fácilmente reciclables.

Cumplir con este orden de prioridad a la hora de gestionar los residuos es clave para darle la vuelta al sistema actual. Así, en 2017, último año del que se dispone de datos), en España se reciclaron únicamente el 46,1% de los residuos municipales, en línea con la media europea (46,9%) lo que significa que, tanto en España como a nivel comunitario, existe margen de mejora para la optimización de recursos, especialmente en un contexto en el que las materias primas son cada vez más escasas y costosas. Además, con ello, se favorece la generación de actividad y empleo ligada a la economía circular.

REGISTRO DE PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS
Para asegurar la trazabilidad y aumentar la transparencia en la gestión de los residuos, se regula el Registro de producción y gestión de residuos que incorpora la información relativa a los productores y gestores de residuos, pero también relativa a las memorias anuales de gestión. Estas memorias anuales deberán recoger el contenido del Archivo cronológico, que es obligatorio para las entidades o empresas registradas, así como para los productores de residuos no peligrosos de más de 10 toneladas al año, y debe incluir la información sobre las operaciones de producción y gestión de residuos. Una de las novedades del anteproyecto es la obligación de llevar un registro cronológico a las entidades o empresas que generen subproductos y las que los utilicen.

Esta información deberá ser enviada periódicamente a las administraciones para la elaboración de los informes necesarios que permitan dar cumplimiento a las obligaciones comunitarias e internacionales de información. Por último, como novedad, se regula el sistema de información de residuos, sistema electrónico constituido de los registros, plataformas y herramientas informáticas que permiten disponer de la información necesaria para realizar el seguimiento y control de la gestión de los residuos y suelos contaminados en España.

RESPONSABILIDAD AMPLIADA DEL PRODUCTOR
En cuanto a la responsabilidad ampliada del productor del residuo la propuesta normativa revisa la regulación en coherencia con la normativa comunitaria, explicitando las obligaciones que se pueden imponer mediante Real decreto a los productores de producto, entre las que se encontraría el sistema de depósito, devolución y retorno, define las partidas de gestión de residuos que deben financiar los productores y los mecanismos de control para los sistemas individuales y colectivos que se creen.

Este nuevo régimen obligará a revisar toda la normativa donde ya se aplican antes de 2023 y prevé su futuro establecimiento para los textiles y plásticos agrarios no envases para 2025.

SUELOS CONTAMINADOS
El anteproyecto de Ley contiene también la regulación de los suelos contaminados, manteniéndose el anterior régimen jurídico en cuanto a las actividades potencialmente contaminantes, al procedimiento de declaración, a los inventarios de suelos contaminados y a la determinación de los sujetos responsables de la descontaminación y recuperación de los suelos. Como novedad se ha incluido el Inventario Nacional de descontaminaciones voluntarias de suelos contaminados, que será alimentado por los registros autonómicos.

EL ABANDONO DE RESIDUOS, INFRACCIÓN MUY GRAVE
El texto revisa el régimen sancionador incluyendo nuevas infracciones. Así, será considerado infracción muy grave el abandono, incluido el de la basura dispersa («littering»), el vertido y la gestión incontrolada de residuos peligrosos y también de cualquier otro tipo de residuos, en este segundo caso, siempre que se haya puesto en peligro grave la salud de las personas o se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente. Cuando no haya supuesto estos riesgos, se considerará infracción grave.

Tendrá también la consideración de muy grave la entrada en el territorio nacional de residuos peligrosos procedentes de otro Estado miembro de la Unión Europea o de un país tercero, así como la salida de residuos peligrosos hacia los citados lugares, sin obtener los permisos y autorizaciones exigidos por la legislación comunitaria.

Las sanciones que contempla el anteproyecto son multas desde 50.001 euros hasta 2.000.000 euros, excepto si se trata de residuos peligrosos, en cuyo caso la multa podrá ser desde 350.000 euros hasta 2.000.000 euros, para las infracciones muy graves; desde 1.001 euros hasta 50.000 euros excepto si se trata de residuos peligrosos, en cuyo caso la multa será desde 10.001 euros hasta 350.000 euros, para las graves, mientras que las infracciones leves se sancionarán con una multa de hasta 1.000 euros y de hasta 10.000 si se trata de residuos peligrosos.

El Gobierno amplía en 100 millones más las ayudas a las pymes para su internacionalización

● Aprobado en Consejo de Ministros.
● La Línea de Financiación PYME tendrá una dotación de 150 millones de euros ampliables.
● Se amplía el importe máximo financiable con cargo al FIEM por operación hasta los 10M€ y se flexibiliza el plazo de amortización.

El Consejo de Ministros ha aprobado ayer la ampliación y modificación de la Línea de Financiación PYME para proyectos de exportación e inversión con cargo al Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM) en el marco de la crisis económica derivada del COVID-19.

Con la modificación de esta Línea de financiación se pretende facilitar el acceso a la financiación para las operaciones de exportación e inversión de las pymes españolas, al mismo tiempo que se la dota de mayor flexibilidad en las condiciones y agilidad en la tramitación.

Los cambios que recoge el acuerdo aprobado hoy suponen, en primer lugar, la ampliación del importe de la línea en 100M€, pasando de los actuales 50M€ a 150M€. No obstante, el importe de la línea podrá ampliarse en otros 100M€ adicionales en función de la coyuntura.

Además, se amplía el importe máximo financiable con cargo al FIEM por operación hasta los 10M€ y se flexibiliza el plazo de amortización. 

El Ministerio de Industria ha explicado que los referidos cambios se justifican en la necesidad de poder atender las demandas de financiación de las pymes para sus operaciones de exportación e inversión, en un contexto de restricción del crédito, especialmente para este tipo de empresas.

LA UE EN TITULARES
(Semana del 15 al 19 de junio de 2020)   Comienzan las negociaciones del Plan Europeo de Recuperación: primera reunión del Consejo Europeo 19/06 Los Jefes de Estado y/o de Gobierno se reúnen el viernes 19 de junio por videoconferencia para abordar el Plan Europeo de Recuperación dentro del Marco Financiero Plurianual 2021-2027. No se espera que haya acuerdo, dada la envergadura del planteamiento de la Comisión Europea: un Instrumento Europeo de Recuperación de 750.000 millones de euros que obtendría acudiendo a los mercados, es decir, endeudándose. Un volumen muy significativo de financiación que se distribuiría en su mayor parte vía subvenciones directas (500.000 millones de euros), mientras que el resto sería accesible vía préstamos y garantías. Pese a que existe consenso en torno a que la UE necesita una respuesta excepcional a esta crisis sin precedentes, y en que parte de la financiación debe venir de los mercados, las posiciones son divergentes en cuanto a: (1) la duración temporal, el tamaño y el equilibrio entre subvenciones y préstamos; (2) el tipo y nivel de exigencia en términos de condicionalidad; (3) los criterios de elegibilidad; y (4) los recursos propios de la UE para afrontar los costes de financiación. En síntesis, mientras que España, Italia, Francia y Alemania defienden las propuestas de la Comisión, los denominados “frugales” (Países Bajos, Austria, Dinamarca y Suecia) pretenden rebajarlas. Se trata de una negociación muy compleja, siendo posible prever bien una disminución del volumen del Instrumento Europeo de Recuperación, bien un endurecimiento de la condicionalidad, o bien una combinación de ambas. Desde un punto de vista empresarial, BusinessEurope, en línea con CEOE, está a favor de los planes de la Comisión Europea y subraya la urgencia de alcanzar un acuerdo en tiempo y en forma. Está prevista una nueva Cumbre europea en julio, ya bajo presidencia alemana del Consejo de la UE (1 de julio – 31 de diciembre).  Más información  

Pleno del Parlamento Europeo: Plan Europeo de Recuperación, Brexit, turismo y espacio Schengen. 17-19/06 En su sesión plenaria, el Parlamento Europeo, como antesala del citado Consejo Europeo, insistió en que el Plan Europeo de Recuperación debe ser suficientemente ambicioso y contribuir a financiar proyectos orientados al futuro que creen valor europeo. Además, los eurodiputados abordaron la situación de estancamiento en que se encuentran las negociaciones UE-Reino Unido y adoptaron por amplia mayoría una resolución condicionando el apoyo al futuro acuerdo a que se asegure un level playing field y estándares medioambientales y laborales, entre otras cuestiones. Además, el Parlamento Europeo adoptó, también por mayoría, dos resoluciones en cuya elaboración los eurodiputados españoles fueron muy activos. Se trata de, en primer lugar, la resolución sobre la imprescindible reapertura del espacio Schengen, cuyo ponente es el eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar; y, en segundo lugar, sobre el transporte y el turismo en 2020 y en adelante. En ésta última, destaca el llamamiento a la elaboración de planes rápidos de acción que aseguren la supervivencia y competitividad del sector, acompañados de una campaña para fomentar el turismo dentro de la Unión y generar confianza entre los viajeros europeos y de terceros países. Más información  

La Comisión plantea cómo abordar los efectos de falseamiento de la competencia en el mercado interior 17/06 La Comisión presentó un Libro Blanco abordando las distorsiones que causan las subvenciones que terceros Estados, como China, otorgan a empresas que operan en el mercado europeo. El documento, sometido a consulta pública hasta el 23 de septiembre junto con las contribuciones que se reciban al mismo, servirían de base para eventual futura legislación en este ámbito. En síntesis, la Comisión Europea plantea actuar en tres frentes. Se trataría de, en primer lugar, crear un mecanismo general de supervisión del mercado. En segundo lugar, la Comisión Europea sería la autoridad de control competente para supervisar la existencia de falseamientos provocados por las subvenciones extranjeras que facilitan la adquisición de empresas de la UE. En tercer lugar, la Comisión propone un sistema a través del cual los licitadores deban notificar al órgano de contratación las contribuciones financieras recibidas de terceros países. Finalmente, el Libro Blanco también estudia el caso de las subvenciones extranjeras en las solicitudes de ayuda financiera de la UE. Bajo un prisma empresarial, BusinessEurope acogió favorablemente esta iniciativa de la Comisión Europea, resaltando la importancia de que el instrumento propuesto sea integral, cubra los vacíos legales existentes y aborde efectivamente las distorsiones generadas por los subsidios de terceros países.  Más información  

La Comisión Europea presenta su estrategia de vacunas contra el coronavirus, mientras sigue apostando por la prevención. 17/06 La Comisión presentó la nueva estrategia europea en materia de vacunas, cuyo objetivo es acelerar el desarrollo de vacunas entre los próximos 12 y 18 meses. En opinión de la Comisión, es necesario garantizar vacunas eficaces, seguras y de calidad que puedan accederse de manera rápida y equitativa. Dicha estrategia se basa en dos pilares: por un lado, adapta el marco normativo de la UE a la urgencia actual para aprovechar la flexibilidad de la normativa existente; y, por otro, se fundamenta en la idea de garantizar la producción de vacunas en la UE y suministros suficientes para sus Estados miembros a través del desarrollo de acuerdos con productores, en nombre de Estados miembros, a cargo del Instrumento para la Prestación de Asistencia Urgente dotado con 2.700 millones de euros. Mientras no se cuente con una vacuna, la prevención sigue siendo fundamental, al igual que lo es asegurar la interoperabilidad de las aplicaciones de rastreo para garantizar una libertad de movimientos dentro de la UE con seguridad. El 16 de junio, la Comisión Europea anunció el acuerdo alcanzado por los Estados miembros sobre un conjunto de especificaciones técnicas que permitan dicha interoperabilidad.  Más información  

Nueva consulta pública sobre la Estrategia Farmacéutica Europea 16/06 La Comisión sometió a consulta pública hasta el 15 de septiembre su propuesta para una nueva Estrategia Farmacéutica Europea. Esta iniciativa que, afirma el Ejecutivo europeo, está en línea con los objetivos del Pacto Verde Europeo y la nueva Estrategia Industrial, informará el futuro Programa de Salud Europeo (EU4Health). Según la Comisión, contar con una nueva estrategia para el sector farmacéutico contribuirá a forjar un sistema “a prueba de futuro” que, aprendiendo de las lecciones de los momentos más duros de la pandemia, reduzca la dependencia en importaciones de terceros países y asegure la accesibilidad a medicamentos en tiempos de crisis. Además, promovería la innovación en áreas como los fármacos para niños, los tratamientos oncológicos y los antibióticos. Más información  

Revisión de la política comercial de la Unión Europea para adaptarla a la nueva realidad 16/06 Bajo el convencimiento de que una Unión Europea más fuerte necesita una política comercial y de inversión más asertiva, la Comisión Europeo lanzó un proceso de consulta pública hasta el 15 de septiembre para recabar opiniones sobre cómo: (1) apoyar el desarrollo de una economía resiliente y sostenible tras la pandemia; (2) reformar la Organización Mundial del Comercio para revitalizar el multilateralismo; (3) crear más oportunidades comerciales para empresas, en particular las PYME, lo que supone eliminar obstáculos comerciales que, según el informe de la Comisión para 2019 se concentraron en los mercados chino y ruso; (4) contribuir a la sostenibilidad, el cambio climático o la digitalización a nivel mundial; (5) consolidar las relaciones con los principales socios comerciales; y, (6) asegurar la igualdad de condiciones y la protección de los operadores europeos, una cuestión que pasa también por abordar el falseamiento de la competencia que suponen las subvenciones por terceros estados a empresas que operan en el mercado europeo y que está siendo objeto de otra consulta pública específica (véase titular sobre el Libro Blanco al respecto). Más información  

Reino Unido no solicitará una extensión del periodo transitorio 15/06 En la reunión que mantuvieron la Unión Europea y Reino Unido para hacer balance de las cuatro rondas de negociación celebradas hasta ahora, el Primer Ministro británico confirmó su negativa a solicitar la ampliación del periodo transitorio, que finalizará el próximo 31 de diciembre, haya o no acuerdo. Por su parte, los presidentes de la Comisión Europea y del Consejo Europeo, tomaron nota de esta decisión, que ya esperaban. En un comunicado conjunto publicado al término de la reunión, ambas partes constataron la escasez de avances hasta el momento y subrayaron “la necesidad de dar un nuevo impulso al proceso negociador” mediante la intensificación de las conversaciones en julio con el fin de celebrar y ratificar un acuerdo antes de que finalice 2020. Desde una perspectiva empresarial, en una nota de prensa publicada la víspera de esta reunión, BusinessEurope volvió a calificar de imperativo la revitalización de las negociaciones para lograr progresos sustanciales, incluidas en las áreas más sensibles como la garantía de un marco equitativo de competencia. En cualquier caso, dada la falta de tiempo, es preciso adoptar un enfoque pragmático y respetar los compromisos previstos en el Acuerdo de Retirada y la Declaración Política sobre la Relación Futura que lo acompaña. BusinessEurope concluye recordando la necesidad de hacer todos los esfuerzos necesarios para evitar una situación de caos a partir del próximo 1 de enero de 2021. Más información  

El Consejo debate soluciones energéticas innovadoras en el marco de la recuperación 15/06 Los miembros del Consejo de Energía celebraron una reunión por videoconferencia, en la que también intervino la Comisaria responsable, Kadri Simson, y en la que se debatieron aspectos del sector relacionados con el Pacto Verde Europeo y la recuperación económica. Concretamente, los Estados miembros intercambiaron opiniones sobre las inversiones en tecnología energética destinadas a asegurar los objetivos climáticos fijados para 2030. Asimismo, los 27 analizaron los retos a los que se enfrentarán durante la recuperación económica, incluidos los instrumentos dirigidos a la inversión en la transición energética. Los Estados miembros acordaron que las tecnologías innovadoras serán determinantes para la creación de empleo, la competitividad y la descarbonización de la economía europea.  En esta línea, respaldaron la estrategia “Renovation Wave”, que persigue una mayor eficiencia energética a través de la renovación de edificios y que la Comisión presentará próximamente. Por último, la Presidencia alemana entrante presentó su programa de trabajo en el área de energía para la segunda mitad de 2020. Más información 

Semana del 22 al 26 de junio de 2020  
CONSEJO
18/06 Videoconferencia de los ministros de Educación Videoconferencia de los ministros de Medio Ambiente
22/06 Cumbre UE-China por videoconferencia
23/06 Cumbre Social Tripartita por videoconferencia  

PARLAMENTO EUROPEO
Comisiones 22/06
Comisión de Asuntos Exteriores (AFET)
Comisión de Presupuestos (BUDG)
Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON)
Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (EMPL)
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI)
Comisión de Industria, Investigación y Energía (ITRE)
Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRI)
Comisión de Asuntos Jurídicos (JURI)  

23/06
Comisión de Industria, Investigación y Energía (ITRE)
Comisión de Transportes y Turismo (TRAN)
Comisión de Asuntos Jurídicos (JURI)
Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior (LIBE)  

24/06
Comisión de Presupuestos (BUDG)  

25/06
Comisión de Comercio Internacional (INTA)
Comisión de Control Presupuestario (CONT)
Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON)
Comisión de Pesca (PECH)    
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